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    Verkauf 48.000 €  
    • Referenz
      V-8455
    • Zimmer
      3
    • Badezimmer
      1
    • Größe
      84.3 mts

    Wohnung - Málaga (Palma-Palmilla) , Grundfläche 84.3m2, 2m2, 3 Zimmer, 1 Badezimmer, Entfernung zum...

    Verkauf 111.500 €  
    • Referenz
      V-7852
    • Zimmer
      2
    • Badezimmer
      1
    • Größe
      53 mts

    Wohnung - Málaga (Conde de Ureña-Gibralfaro) , Grundfläche 53m2, 2 Zimmer, 1 Badezimmer, Entfernung zum Meer 1.5...

    Verkauf 219.000 €
    Reserviert
     
    • Referenz
      V1200
    • Zimmer
      3
    • Badezimmer
      2
    • Größe
      111 mts

    Wohnung - Málaga (El Ejido-La Merced-La Victoria) , Grundfläche 111m2, 3 Zimmer, 1 Badezimmer, Entfernung zum...


    + INFO
    225.000 € - 3%
    30.000 € - 1.400 €/Monat - Transfer 37.000 €  
    • Referenz
      T-2020
    • Badezimmer
      2
    • Größe
      142 mts

    Geschäftslokal - Málaga , Grundfläche 142m2, 2 WC/Badezimmer.


    + INFO
    37.000 € - 19%
    Verkauf 80.000 €  
    • Referenz
      S0002

    Bauland - Málaga (Capuchinos) , 84m2.


    + INFO
    85.000 € - 6%
    Verkauf 55.000 €  
    • Referenz
      V-10738
    • Größe
      41 mts

    Büro - Málaga (El Ejido-La Merced-La Victoria) , Grundfläche 41m2.


    + INFO
    60.000 € - 8%
    Verkauf 365.000 €  
    • Referenz
      V-9010
    • Badezimmer
      3
    • Größe
      300 mts

    Geschäftslokal - Málaga , Grundfläche 300m2, 3 Badezimmer.

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    2020-11-18
    La actual ley ya contempla el procedimiento ‘express’ para los desahucios  en la Ley 5/2018 de 11 de junio por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal de viviendas de 2 de julio de 2018. El objetivo de esta normativa es que las personas físicas, las entidades sin ánimo de lucro y las administraciones públicas que se hayan visto privadas de sus viviendas sin su consentimiento puedan recuperar la posesión de las mismas de manera inmediata. Quedando excluidos de esta ley las entidades financieras y los fondos propietarios de viviendas vacías que hayan sido ocupadas. La ley precisa que, en caso de sufrir una ocupación ilegal, no se puede proceder de forma unilateral e intentar sacar a la fuerza a los moradores, es necesario iniciar primero un procedimiento judicial para el desalojo. Para agilizar el desalojo se creó un procedimiento judicial rápido que permite a los legítimos propietarios recuperarla con más agilidad. No obstante, no todos los que tienen un título de propiedad pueden acogerse al Desahucio Exprés. REQUISITOS REQUERIMIENTO JUDICIAL Solamente pueden recurrir judicialmente las personas propietarias o poseedoras legítimas, las entidades físicas sin ánimo de lucro con derecho a poseer la finca en cuestión y las instituciones públicas propietarias o poseedoras legítimas de la vivienda social. Las empresas o sociedades que no reúnan dichos requisitos deberán recurrir a otras vías legales para recuperar la posesión del inmueble. Este procedimiento solo puede iniciarse cuando se busque recobrar la posesión de una vivienda y no de un local o terreno, como indica el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ley señala que “podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social”. “La ocupación ilegal de viviendas es un problema creciente en España. Se estima que ha crecido un 58 % en los últimos cinco años, con 33 casos diarios. Incluso, se ha revelado en numerosos estudios que en el país hay 87 mil familias ‘ocupas’, una situación generada, en parte, por el déficit habitacional”. La duración de los procesos de Desahucio Exprés suelen tardar entre 3 y 6 meses dependiendo de la localidad, volumen de trabajo en los juzgados etc.
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    2020-04-08
    BOE publicado el uno de abril de 2020. Capítulo I Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables. Artículo 2. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. Artículo 3. Moratoria de deuda arrendaticia. Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19, desde este artículo y hasta el artículo 9, ambos incluidos. Artículo 4. Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda. 1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre  que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. 2. En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas: a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses. b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses. 3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará de aplicación a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 4. La persona arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo 9, levantándose la moratoria en el pago de la renta arrendaticia regulada por este artículo y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago. Artículo 5. Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual. 1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, de los siguientes requisitos: a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM. b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario. 2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. 3. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.
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    2019-08-07
    La compraventa de casas cerró el sexto mes del año en números rojos. Según los datos del INE, en junio se traspasaron 40.961 viviendas, casi un 14% menos que un mes antes y un 9% menos interanual. Este descenso, que coincide con el que han detectado los notarios, ha fulminado las subidas que se habían acumulado hasta mayo.  A pesar de que junio es un mes en el que se suelen producir descensos mensuales en el número de operaciones (en 2017 bajó un 2,6% y en 2018 un 4,4%), lo cierto es que la caída del ejercicio en curso llama especialmente la atención al producirse en el mismo mes en el que entró en vigor la nueva ley hipotecaria y en un momento de incertidumbre política. Recordemos que el Gobierno está en funciones desde el pasado 5 de marzo y que el nuevo debate de investidura no se producirá hasta septiembre, sin descartar que se puedan llegar a convocar otra vez elecciones generales. Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, explica que “los datos del INE continúan la racha de otros indicadores al mostrar una desaceleración en el mercado inmobiliario. En concreto, en el último año se ha producido una caída de casi el 10% en las compraventas y los datos de los últimos meses agudizan la tendencia y muestran un enfriamiento de las operaciones, marcado por varios factores". En primer lugar, añade Encinar, "la entrada en vigor de la ley hipotecaria en junio ha supuesto que muchas operaciones se adelantaran para evitarla o que, por el contrario, se hayan retrasado hasta aclarar los nuevos trámites burocráticos. Por otro lado, se nota el parón de muchos inversores que han decidido quedarse en compás de espera mientras se aclara el panorama político. La incertidumbre del último año no ha sido el escenario más propicio para el mercado inmobiliario. Los resultados electorales de abril y que desde entonces no haya Gobierno ha provocado la pérdida de todo lo ganado desde enero, con un crecimiento en compraventas del 0%. De la composición del nuevo Ejecutivo (y de la deriva política que tenga en relación con el sector inmobiliario) dependerá que sigamos recibiendo o no inversión y que el número de compraventas vuelva a la senda del crecimiento”. Volviendo a las estadísticas del INE, lo que sí se mantiene es el peso de la vivienda usada en las compraventas. En junio representaron un 82% de las transacciones con 33.756 compraventas, frente a las 7.205 compras de obra nueva. Este resultado mantiene en positivo el balance del año de las viviendas nuevas, mientras que las usadas ya arrojan un saldo acumulado negativo (concretamente, del 1,6%).  De momento, junio se convierte en el mes del año en el que se han firmado menos compraventas y registra el tercer peor dato de los últimos 18 meses, solo superado por diciembre de 2018 (33.831) y marzo de 2018 (39.932).  Resultados por CCAA En el sexto mes del año las cuatro regiones que han liderado las operaciones han sido, por este orden, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Un resultado que rompe con la tendencia habitual del resto del año. Y es que la llegada del verano ha impulsado la compra de casas en la región valenciana y le ha permitido superar a Cataluña y Madrid.  Si miramos los resultados interanuales, descubrimos que las comunidades que han tirado de las compraventas en los últimos tiempos han perdido fuelle y han retrocedido más que el promedio nacional. Andalucía, por ejemplo, ha registrado un descenso de las compraventas del 12%, mientras que en Baleares la caída ha superado el 17% y en Canarias, el 22%. En Madrid y la Comunidad Valenciana la bajada también es de dos dígitos, mientras que en Cataluña ha sido del 9,8%. Sin embargo, no todo han sido números rojos. Las compraventas han crecido en términos interanuales en cuatro CCAA: Castilla-La Mancha (9,2%), Extremadura (3,4%), Galicia (4,5%) y Murcia (7,2%). Por otro lado, las tres comunidades con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes son Comunidad Valenciana (159), Murcia (128) y Andalucía (123).
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    2019-07-25
    ¿Qué es mejor, una hipoteca fija o una variable? Es la pregunta del millón y vuelve a estar sobre la mesa, ahora que el euríbor a 12 meses está otra vez en mínimos históricos. Tras pasarse casi un año subiendo y acercándose al 0%, el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas en España cambió de tendencia en marzo y en las últimas semanas se ha desplomado. Tanto es así que ha llegado a romper la barrera del -0,3% en tasa diaria, un nivel nunca visto hasta la fecha. Esta nueva caída, provocada por la débil situación económica y de los precios en la eurozona han llevado al Banco Central Europeo (BCE) a retrasar su decisión de subir los tipos de interés, e incluso estudia poner el precio del dinero en negativo. Un escenario que ha provocado que, de nuevo, miles de hipotecados vean rebajada la cuota mensual que pagan, y que quienes están a punto de firmar una hipoteca tengan dudas sobre qué opción elegir. ¿Hay que olvidarse de las hipotecas fijas y apostar por las variables aprovechar el momento? Los expertos son muy claros al respecto. Según explica Javier Lainez, responsable de operaciones de idealista/hipotecas, no hay una hipoteca perfecta, sino que la elección depende de las circunstancias personales y financieras de cada persona. Entre los factores a tener en cuenta están “si tiene un empleo fijo, su sueldo, el mayor o menor importe que necesite financiar, el plazo en el que quiere pagar la hipoteca y si tiene posibilidades o no de mejorar su situación financiera en el futuro”, recalca Lainez. Otro elemento importante es cómo está actualmente el mercado. Desde idealista/hipotecas aseguran más de la mitad de las operaciones que están cerrando actualmente son a tipo fijo, mientras que las estadísticas del INE revelan que más del 40% de las hipotecas firmadas en los últimos meses han sido fijas. Unos números que coinciden con las ofertas más competitivas de la historia en este campo. Y es que en el mercado encontramos préstamos a tipo fijo a un plazo de 20 años con un interés de entre el 1,55% y el 1,7%, mientras que para el plazo de 30 años la horquilla se mueve entre el 1,8% y el 2,1%. En este último caso, por ejemplo, supondría pagar una cuota de 540-560 euros mensuales para un importe solicitado de 150.000 euros. ¿Y qué hay de las variables? Las ofertas actuales más competitivas para este plazo de 30 años se encuentran entre el 0,75% y el 0,99%, lo que traduce en una cuota mensual de entre 452 y 468 euros para la misma cantidad (150.000 euros). Es decir, prácticamente 100 euros menos cada mes. Sin embargo, y a pesar de que el ahorro es evidente hoy en día, el mercado da por hecho que el euríbor tarde o temprano acabará subiendo y con él, las cuotas de las hipotecas variables que estén referenciadas a este indicador. En cambio, la ventaja de una hipoteca fija es que brida al hipotecado la tranquilidad de que su cuota no va a cambiar a lo largo del tiempo, independientemente de las decisiones que tome el Gobierno o el Banco Central Europeo: siempre se desembolsa la misma cantidad, desde la primera cuota a la última. Por último, Lainez también insiste en la necesidad de comparar varias ofertas hipotecarias y de negociar con el banco las condiciones finales del préstamo, ya que en la mayoría de los casos cambian respecto a la oferta estándar que publicitan los bancos.
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